El aborto era un método habitual para controlar la natalidad durante la época soviética. En 2004, según datos de Naciones Unidas, Rusia continuaba siendo el país con el número más elevado de abortos por mujer en edad fértil. Esta práctica es legal hasta las doce semanas de embarazo y, en algunos casos médicos, el aborto puede practicarse hasta las 22 semanas de embarazo, según una ley aprobada en 2011.
El Gobierno ha hecho campaña en contra del aborto en un intento por aumentar la baja tasa de natalidad del país, que constituye uno de los factores de la crisis demográfica que vive Rusia. La Iglesia Ortodoxa es también una firme defensora de la causa pro-vida en el país.
El proyecto de ley también propone aumentar la edad en la cual los menores ya no necesitan el consentimiento paterno para someterse a exámenes médicos de los 14 a los 15 años, mientras que la edad a la cual pueden dar consentimiento para intervenciones médicas, tales como los tratamientos con medicinas o las pruebas de detección de drogas o alcohol, aumenta de los 16 a los 18 años.
La
Generalitat de Cataluña (España), órgano de gobierno de esta comunidad
autónoma, aprobó recientemente una subvención total de 81.225 euros (106.631
dólares) al Instituto Borja de Bioética, organización dirigida por religiosos
católicos que promueve el aborto y la eutanasia.
El Instituto Borja de Bioética lleva su nombre en honor al santo jesuita San Francisco de Borja y fue fundada por el sacerdote de esta orden religiosa y médico Francesc Abel Fabre en 1976. Desde 1984 es una fundación privada.
El gobierno catalán concedió la subvención al organismo abortista a través de la resolución SLT/745/2013, emitida el 3 de abril de este año.
El patronato del Instituto Borja de Bioética, órgano rector máximo de la organización que avala prácticas anti-vida en la región, está presidido por la hermana Margarita Bofarull Buñuel, de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús.
Entre los vocales del patronato figuran el Provincial de la Compañía de Jesús en Cataluña, Padre Lluís Magriñà Veciana, el sacerdote jesuita Joan Carrera Carrera y el Provincial de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, Hermano Pascual Piles Ferrando.
A pesar de la presencia católica, el Instituto Borja de Bioética publicó en octubre de 2009 el documento “Consideraciones sobre el embrión humano”, firmado por el entonces presidente y fundador de la institución, el sacerdote jesuita Francesc Abel Fabre, en el que se avala el aborto.
Al recomendar el aborto por violación, el documento del instituto de bioética aseguró que “el simple hecho de haber sido víctima de una violación podría justificar la demanda del aborto”.
“La dignidad de la mujer violada, que se ha visto brutalmente agredida en su integridad, no puede hacer exigible el sacrificio de llevar adelante una gestación fruto de esta agresión”, aseguró el instituto.
El Instituto Borja también avaló el aborto durante las primeras 12 semanas, asegurando que este plazo “garantizaría suficientemente que se haya podido diagnosticar el embarazo y que la gestante disponga de un tiempo de reflexión y ponderación de su decisión”.
A los pocos días de publicado, los Obispos catalanes señalaron que el documento del Instituto Borja “al admitir la legitimidad ética y jurídica del aborto, contradice el principio fundamental de la enseñanza de la Iglesia”.
Ya en 2005, encabezado también por el sacerdote jesuita Francesc Abel Fabre, el Instituto Borja de Bioética recomendó una “posible despenalización” de la eutanasia “en determinados supuestos que representen una inevitable tensión conflictiva entre valores equiparables a la vida misma y que pongan en evidencia la posibilidad o la necesidad de no prolongarla innecesariamente”.
En declaraciones a ACI Prensa este jueves, el Dr. José María Simón Castellví, miembro del Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios (Pastoral de la Salud), criticó que esta organización que promueve políticas contra la vida y el Magisterio de la Iglesia “están situados, amparados, incrustados en un hospital de niños, el Hospital de San Juan de Dios de Esplugas”.
Para el también presidente de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas (FIAMC), el financiamiento a esta organización pro aborto “es una prueba más de la deriva a la que está sometida la sociedad catalana, el gobierno catalán y una parte de su Iglesia”.
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